Comunicado de prensa

Retrasar un año tanto la edad legal como la efectiva de jubilación supondría un ahorro del 0,29% del PIB

Marzo 4, 2019
| España

MADRID, 4 de marzo de 2019. En el último informe sobre sostenibilidad del Sistema de Pensiones español, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se recomendaba, entre otras medidas, retrasar la edad efectiva de jubilación. Una conclusión que también ha incluido en uno de sus últimos estudios la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como método para mejorar la salud financiera de los sistemas de pensiones en general y del español en particular. Atendiendo a estas conclusiones el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson junto con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura ha elaborado un informe sobre el impacto, en la sostenibilidad del sistema de pensiones, de aumentar la edad de jubilación.

En primer lugar es necesario tener en cuenta que la edad legal de jubilación, con frecuencia, difiere de la edad efectiva de jubilación. Esto es debido a que son varias las opciones y modalidades de jubilación anticipada a las que se pueden acoger los trabajadores. En la actualidad la edad de jubilación efectiva en España, según la AIReF, se sitúa en 62,7 años, mientras que la edad legal se sitúa en los 65 años y 8 meses para quienes tienen cotizados menos de 36 años y 9 meses, y en los 65 años si se ha cotizado más de 36 años y 9 meses. En 2027 se prevé que la edad efectiva será 64,5 años y la edad legal 67 ya que habrá finalizado el periodo transitorio incluido en la reforma de 2011.

En el ejercicio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, se simula el efecto que tendría el aumento de 1 año en la edad efectiva de jubilación si esto ocurriera de forma inmediata. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la propuesta de la AIReF –compartida por la actual Secretaría de Estado de la Seguridad Social-, de retrasar la edad efectiva de jubilación generaría un ahorro. Este ahorro, calculado en valor actual actuarial, sería del 0,9% del gasto en pensiones contributivas de jubilación, es decir, 691 millones de euros anuales equivalentes a un 0,06% del Producto interior bruto (PIB) actual.

Estas cifras están muy por debajo de la parte baja de la horquilla manejada por la AIReF y, además, solo se alcanzaría a medio plazo, cuando se hubieran acumulado varias generaciones de altas con las nuevas condiciones. Por otro lado, si comparamos estas cifras con el déficit actual del sistema de pensiones, cercano a los 19.000 millones, no parece que el ahorro estimado sea muy relevante a la hora de mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En el caso de que, además, se añadiera el retraso de 1 año en la edad legal de jubilación se obtendría un ahorro de un 0,29% del PIB, una cifra también lejana a lo que necesita el sistema ya que actualmente el déficit contributivo es del 1,65% del PIB. Para abordar este déficit únicamente con una medida de este tipo, habría que aumentar la edad legal y efectiva en 5 años. Más preocupante aún es que en 2048, el año citado por la AIReF, el déficit contributivo se incrementa, siendo del 4,86% del PIB, si se mantiene la revalorización de las pensiones con el IPC y se deroga el Índice de Revalorización de las Pensiones, tal como hemos calculado en uno de los trabajos de este grupo de investigación.

En resumen, el incremento de la edad efectiva de jubilación sería positivo para el sistema de Seguridad Social, no sólo por el ahorro, de cuantía moderada, sino también porque aumentaría la pensión inicial media, mejorando la adecuación del sistema de pensiones y reduciendo el riesgo de pobreza entre la población pensionista. En todo caso, esta medida por sí sola no sería suficiente para reducir significativamente el déficit que arrastra el sistema. Para eliminar completamente el déficit tendría que aumentarse la edad legal y efectiva de jubilación de manera relevante y acompañar este incremento con medidas complementarias.

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