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Tendencias sobre Institutions for Occupational Retirement Provision

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Mayo 18, 2018

La nueva normativa europea sobre Planes y Fondos de Pensiones de Empleo, más conocida como IORP II, debe ser traspuesta en España antes de principios de 2019. La sostenibilidad, el buen gobierno y la trasparencia son los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta.

En España, el número de cuentas de partícipes de planes de pensiones alcanzó en el primer trimestre de 2017 los 9,62 millones, cuyo patrimonio rozó los 107.000 millones de euros en el mismo periodo, según los datos publicados en el Boletín de Información Trimestral de Planes y Fondos de Pensiones por el Área de Balances de la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones. De esa cifra, casi 35.500 millones de euros corresponden al sistema de empleo, cuyas comisiones de control, partícipes y beneficiarios a buen seguro no perderán de vista la nueva Directiva IORP II, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo europeos (FPE), que debe ser traspuesta a la normativa nacional antes del 13 de enero de 2019. Una fecha marcada en rojo en el calendario que implica que los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, lleven a su normativa la Directiva 2016/2341, aprobada el 14 de diciembre por el Parlamento y el Consejo Europeos.

¿Cómo afectará esta normativa a los fondos de pensiones de empleo? De acuerdo con un informe publicado por Willis Towers Watson, “Perspectives. IORP II, what it means for occupational funds”, será crucial la interpretación de los requisitos por parte de los gobiernos de los Estados miembros y su implementación en la normativa local, así como el punto de partida de cada uno de ellos. En definitiva, ningún país podrá quedarse de brazos cruzados si quiere cumplir con las exigencias de IORP II, que es a los planes de pensiones lo que Solvencia II ha representado para el sector de las aseguradoras.

Contexto español

El panorama de los fondos de pensiones de empleo (FPE) −en los que el promotor y quien realiza las aportaciones es una empresa, mientras los partícipes y beneficiarios son sus empleados; todo ello necesariamente gestionado por una comisión de control− está protagonizado en nuestro país por un reducido número de grandes fondos, que conviven con un amplio volumen de FPE mucho más pequeños. Es, en definitiva, un sector atomizado.

El presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), Mariano Jiménez Lasheras, considera que el proceso de trasposición aquí no será fácil: “Teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sistema de planes y fondos de pensiones, en el que el riesgo es asumido en última instancia por los partícipes, beneficiarios y promotor y no por las entidades que gestionan el instrumento, así como las importantes competencias que tienen las comisiones de control, tanto en la toma de decisiones relevantes, como en la gestión y en la supervisión del plan y del fondo de pensiones, no va a ser sencilla. Habrá que analizar detenidamente el ámbito de actuación y las responsabilidades de cada agente para delimitar la exigencia de estos nuevos requisitos”. OCOPEN ya ha constituido grupos de trabajo para elaborar propuestas concretas de desarrollo de la normativa, creando cauces de colaboración tanto con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como con otras instituciones del sector.

Novedades de IORP II

Pero ¿cuáles son, a grandes rasgos, las principales novedades que supone IORP II? Básicamente, la incorporación de exigencias sustanciales en materia de gobernanza y transparencia, que van a suponer un importante reto para los intervinientes en este sector, especialmente para las entidades gestoras, comisiones de control, consultores y también para el supervisor.

Por ejemplo, en el ámbito de la gobernanza se establecen requisitos en materia de competencia y honorabilidad de los intervinientes, instando a adoptar un nuevo sistema de gestión integral de todo tipo de riesgos, desde los financieros y biométricos, hasta los operativos y los riesgos extra financieros.

Así mismo, en esta normativa se regulan tres funciones clave de las comisiones de control: auditoría interna, gestión de riesgos y actuarial, y un nuevo informe de autoevaluación de riesgos. En cuanto a la información a partícipes, incluye como novedad estimaciones de pensión según edad de jubilación bajo escenarios favorables y desfavorables.

Además, persigue facilitar la actividad transfronteriza de los sistemas de pensiones de empleo, si bien un informe llevado a cabo por Willis Towers Watson señal que no termina de resolver este aspecto.

Desde un boletín emitido por el sindicato UGT también se reseña la importancia que se concede “a la consideración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión” e incide en que “esto último supone uno de los cambios más importantes respecto de las propuestas y proyectos anteriores del legislador comunitario que apenas incluían referencias a la inversión socialmente responsable pero que ahora han sido introducidas en diferentes apartados del texto definitivo de la directiva”.

Antecedentes de IORP II

La Directiva 2016/2341 no es una medida aislada. Su predecesora IORP I entró en vigor en 2003, sentando las bases de las normas para la actividad de las instituciones para la provisión de jubilación, en inglés Institutions for Occupational Retirement Provision, cuyas siglas dan nombre a la normativa. Marcó estándares en varias áreas, como la supervisión prudencial que protege a miembros y beneficiarios, la financiación de obligaciones de pensiones y las normas de inversión (el denominado principio de “persona prudente”).

Por otra parte, los sistemas de pensiones complementarios de ámbito empresarial están siendo impactados por diversas medidas adoptadas a nivel comunitario. Entre ellas, según recoge el diario Expansión, los tests de estrés que realizó en primavera el Supervisor Europeo de Seguros y Fondos de Pensiones (Eiopa), o la otra norma comunitaria relativa a la previsión complementaria que, como IORP II, está pendiente de trasposición: la Directiva 2014/50/UE; la conocida como “directiva de portabilidad” debe ser incorporada a la normativa nacional antes de mayo de 2018, para lo que el Ministerio de Economía ya ha realizado los primeros movimientos.

Y, ¿cuáles serán los siguientes pasos al hablar de IORP II? Aunque todavía quedan muchos detalles por determinar, está claro que para algunos de los fondos de pensiones de empleo de la Unión Europea los cambios podrían ser significativos. “Las empresas deberían empezar a trabajar con sus asesores para evaluar qué cambios en la gobernanza, la evaluación de riesgos, las comunicaciones a los partícipes y beneficiarios, y la divulgación es probable que sean necesarios para sus fondos en la UE, y perfilar plazos y recursos para este trabajo”, recomienda el citado informe de Willis Towers Watson. Un documento que invita a no perder de vista ni el informe sobre IORP II que la Comisión Europea tendrá que elaborar entre finales de 2022 y principios de 2023, ni el reglamento que el Banco Central Europeo está preparando para que los fondos de pensiones le envíen trimestralmente información estadística sobre sus activos, como ya sucedió con las aseguradoras.

Si es cierto que muchas de estas medidas afectan mayoritariamente a fondos de pensiones de empleo de prestación definida, seguramente se fijarán requisitos similares, aunque menos relacionados con la financiación del compromiso, para los planes de aportación definida. Estos últimos representan a la gran mayoría de los fondos de empleo en España. Permanezcan atentos a sus pantallas.

IORP II, en síntesis

IORP II establece normas comunes que garantizan la solidez de las pensiones a la jubilación y protegen mejor a los afiliados y beneficiarios del régimen de pensiones. Aspira a garantizar la transparencia y seguridad de los sistemas de pensiones de empleo desarrollando tres de sus aspectos fundamentales: Buen gobierno:

  • Incide en tres funciones clave dentro de las comisiones de control: gestión de riesgos, auditoría interna y función actuarial.
  • Las personas que desempeñen funciones clave deben tener los conocimientos, la experiencia y las cualificaciones adecuadas.
  • Establecimiento y aplicación de políticas escritas en relación con las áreas clave, incluyendo las actividades externalizadas y la elaboración de planes de emergencia.
  • Proceso de autoevaluación de los riesgos, al menos cada tres años.

Información a partícipes y beneficiarios:

  • Información sobre las previsiones de prestación de pensión, incluyendo el mejor de los casos, así como una estimación desfavorable.
  • Información adicional en función del estatus del partícipe: partícipes potenciales, partícipes en la fase previa a la jubilación y beneficiarios en fase de percepción de la pensión.

Supervisión prudencial:

  • Evaluación de los requisitos cualitativos del sistema de gobierno.
  • Evaluación de los riesgos del Fondo y la capacidad del propio fondo de evaluar y gestionar dichos riesgos
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